La regulación es una de las principales modalidades de intervención estatal. El fuerte aumento del nivel normativo ha llevado a la inflación legislativa. Para evitar los efectos perversos asociados a este fenómeno los EEUU establecen métodos de análisis de impacto de la reglamentación (AIR). Su rápida expansión en los 90 hace que se aplique también en el ámbito comunitario. Francia acaba de promulgar una Ley orgánica de 15 de abril para reforzar el análisis del impacto de las nuevas normas. En virtud de esta norma cualquier propuesta de ley que se someta a discusión en el Parlamento francés ha de ir precedida de un estudio del impacto económico esperable asociado a la norma propuesta.
Como todo, corre el riesgo de convertirse en una exigencia más dentro del habitualmente proceloso camino que han de seguir las normas antes de su aprobación y entrada en vigor. Sin embargo el intento parece loable, en la medida en que es preciso poner mucho orden en el entramado normativo que nos asola a los agentes económicos en general, tratar de legislar solamente lo imprescindible y evaluar ex ante si los resultados esperados justifican el esfuerzo regulatorio y la mayor complejidad en el sistema legal.
Cabe citar, como elemento importante en este mismo sentido, los intentos de armonización, homogeneización y simplificación asociados a la adaptación de la Directiva de Servicios al ámbito estatal. Son numerosísimas las normas afectadas y grande el esfuerzo de coordinación de esfuerzos para llevar a cabo este proceso que, en suma, habría de clarificar el funcionamiento del sistema económico y, por ende, mejorar el nivel de competitividad económica y social de la misma.
